En lugar de aprovechar los mecanismos extraordinarios de estabilización ofrecidos por el Gobierno central en la Ley 20/21, que otras administraciones sí utilizaron, la Junta de Andalucía aceleró el paso para evitar su uso, y convocó unos concursos-oposición que fueron una escabechina para quienes debían ser estabilizados. El resultado es que 1.149 interinos con entre cinco y 35 años encadenando contratos con la administración (y, por tanto, en probable fraude de ley) quedaron en la estacada, y han ido siendo cesados en los últimos meses. El actual consejero, José Antonio Nieto, asumió en el Parlamento el compromiso de ofrecerles una solución, asegurando que se trataba de un “drama humano”.
Destacan las plazas para el cuerpo de administrativos (255) y auxiliares (215 más 14 del cupo reservado para personas con discapacidad intelectual). Además, se convocarán 57 plazas del Cuerpo Superior de Administradores (51 de Administración general y 6 de Gestión financiera); 51 de Auxiliares técnicos (6 de Informática y 45 de Medio Ambiente); 38 para técnicos de Grado Medio (arquitectos técnicos, ingenieros técnicos o informáticos entre otros); 33 plazas del Cuerpo Superior Facultativo (la mayoría de Informática, Ciencias Sociales y del Trabajo, Arquitectura o Veterinaria); 23 plazas del Cuerpo Técnico de Gestión Administrativa (22 de Administración general y una de Gestión financiera); y 18 plazas de Ayudantes técnicos (delineantes, informáticos, agentes de medio ambiente o de Administración agraria).
La Junta de Andalucía subraya que así se cubren “todas las plazas necesarias” para los interinos de larga duración afectados (1.149, según los sindicatos), ya que muchos de ellos han pasado a situación de jubilación, incapacidad o se jubilarán este año. “Ni una más, ni una menos”, señaló al respecto el consejero en el Parlamento.
Los interinos echaban cuentas este martes en grupos de Whatsapp en los que se han ido intercambiando información todos estos meses. A esta cifra debe añadirse 498 ya convocadas en la OPE 2021-2022 siguiendo los criterios más generosos de estabilización. “Creo que se ha conseguido el objetivo de dar a una solución a estas 1.149 personas en paro y en exclusión social y a la vez dar respuesta a necesidades que tiene la administración”, opina Rocío Luna, de Iniciativa Sindical Andaluza, que tiene recurridos ante el TSJA las OPE 2017-2019 por no servir para la estabilización.
A excepción de SAF, el resto de sindicatos con presencia en la mesa sectorial (UGT, CSIF y CCOO) también han celebrado la noticia.
En estos meses, María Jesús Montero (ministra de Hacienda) y Nieto se han cruzado reproches por carta, los interinos han acudido al Parlamento a contar su angustia y en la cámara andaluza se ha producido un inusual consenso entre el PP, el PSOE y los grupos de izquierda para corregir el entuerto. Casi todos los sindicatos estaban también de acuerdo, a excepción del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que siempre aboga por la oposición como único mecanismo de acceso a una plaza de funcionario, y ya ha advertido de que podría recurrir cualquier otra opción.
SAF resalta que la administración no ha identificado aún qué plazas se sacan a estabilización, y si se incluyen las que ya fueron estabilizadas con anterioridad y ocupadas por los llamados “opositores fantasma” y no por los interinos. “Se han negado a informarnos por activa y por pasiva”, lamenta Miguel Ibáñez, portavoz del sindicato.
Esto significaría que se estabilizarían no las plazas, sino las personas. Por eso, SAF cree que se cogerán las plazas de futuras ofertas de empleo de acceso por oposición, algo que ya sospechan algunos candidatos de esos procesos, tal y como ha informado este medio: “Nos tememos que esos puestos se van a hurtar de procesos libres, esto es, serán los puestos que queden desiertos o vacantes tras el concurso de méritos de puestos base, impidiendo ofertarlas a través de OEP ordinaria. Se quieren regalar forzosamente plazas a los interinos de larga duración que no han sido capaces de superar los diversos procesos de estabilización”.
SAF, sindicato mayoritario en la función pública andaluza, ha reiterado que recurrirá estas ofertas de estabilización extraordinaria por vulnerar, a su juicio, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. El sindicato cree que el nuevo proceso es “un fraude de ley en toda regla”, porque la ley no reiterar un proceso excepcional para estabilizar una plaza que ya salió a estabilización con anterioridad: “Cada persona que no superó la estabilización [en los procesos 2017-2019] está dando lugar a que se generen dos plazas para sacar en estabilización: la primera, de los procesos selectivos que no superó, y que correspondía a la plaza que ocupaba, y ahora la segunda, que se va a hurtar de los procesos de acceso libre”.
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