La situación terminó con la paciencia de los sindicatos al filo del verano. El 28 de julio, los cinco con representación en la mesa sectorial (CSIF, SAF, CCOO, UGT e ISA) remitieron un ultimátum a la consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. Allí advertían: no acudirán a ninguna negociación para modificar relaciones de puestos de trabajo (RPT, que son frecuentes) si la administración no pone coto a los nombramientos a dedo.
“Estamos ante la Administración Pública más politizada de España”, decían, “si entendemos por politización que la asignación de estos puestos se atiene a criterios de idoneidad apreciados por el cargo político que los nombra y que pueden ser cesados discrecionalmente por el mismo, y que se realiza al margen de todo procedimiento basado en los principios de mérito y capacidad”.
En la misiva, explicaban que los funcionarios del grupo A1 (en posesión de título universitario de Grado, Ingeniero, Arquitecto, Licenciado o equivalente) no pueden prosperar más allá del nivel 25 en ninguna provincia, “pudiendo únicamente tener acceso a los mismos [puestos de nivel 26 en adelante] en base a sus contactos con cargos políticos o buenas relaciones con los mismos como principal y en la mayoría de las ocasiones, única carta de presentación al puesto”.
Los sindicatos piden que al menos al menos la mitad de los puestos entre los intervalos de niveles 26 a 29, incluidas las jefaturas de servicio, sean provistos en las nuevas RPT por concurso ordinario de méritos. La segunda reunión está prevista para este jueves y, por ahora, los sindicatos no están satisfechos. De momento, la Junta se opone a proveer esos puestos por concurso ordinario, y prefiere el concurso específico.
Para los sindicatos, esta propuesta reincide en el problema: el concurso específico permite introducir una elevada dosis de subjetividad mediante la valoración de memorias o entrevistas personales, que tendrían más del 55% del peso, según fuentes sindicales.
La adjudicación de plazas mediante puestos de libre designación está pensada para puestos de responsabilidad reservados a altos funcionarios, pero en Andalucía se usa también para asesores técnicos o jefes de servicio. También hay un buen número de PLD en los niveles 16 a 18, donde se incardina el personal administrativo de confianza de altos cargos. En cualquier caso, no se trata de cargos electos ni de confianza, que se rigen por contratos eventuales, sino de plazas destinadas a funcionarios.
La libre designación está prevista como un mecanismo “ordinario” de provisión que se aparta de la rigidez de los criterios generales de adjudicación de plazas públicas. El cargo político que nombra, generalmente con rango de viceconsejero, tiene la facultad de “apreciación discrecional” de la “idoneidad y de las competencias” de los candidatos “en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto”, según la nueva Ley de Función Pública Andaluza. De la misma forma puede cesarlos.
A fecha de 18 de septiembre, la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta de Andalucía recoge que hay 2.752 funcionarios en plazas PLD, 125 exPLD y 196 en puestos que los sindicatos asimilan a PLD (73 provenientes del Decreto 365 y 123 que ocupan plazas de nivel 27 y 28 a los que se aplica el Decreto 2/02). En total, serían 3.073, en torno al 7,3% del total de las plazas asignadas a funcionarios. Sin embargo, el SAF aumenta el porcentaje efectivo al 16%, pues una parte de la plantilla está desdotada: es decir, las plazas no están cubiertas.
Según un desglose aportado por CCOO, donde más se concentran es en el nivel 28, donde hay 1.096 PLD. Por consejerías, destaca la de Economía, con 307 plazas. Actualmente, la práctica totalidad los puestos de trabajo de los niveles 27 a 30 de la administración de la Junta de Andalucía, incluyendo todas las jefaturas de servicios, se cubren mediante libre designación. También un tercio de los puestos de nivel 26.
Según pudo comprobar este medio con las relaciones de puestos de trabajo, en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, el 26% de las plazas se ocupan por PLD. En la Secretaría General para la Administración Pública, el 36,80%. En el Consejo de Transparencia y Protección de Datos, el 29,09%. Son, precisamente, los departamentos encargados de perfilar las características de la plantilla de la administración andaluza.
Luego está la lectura política, que pivota sobre la certeza de que un funcionario designado jefe de servicio (por ejemplo) de manera discrecional deberá su puesto a quien lo nombró, generalmente el viceconsejero de turno. “El colectivo quiere que se tenga en cuenta el desempeño y prosperar sin tener que significarse políticamente o plegarse a los intereses de nadie. Pretendemos una administración más profesional. Los que venían presumiendo de transparencia están fomentando el oscurantismo y la subjetividad”, remata Pablo López del Amo, de CCOO.
El argumento era tan central que Moreno llevó el asunto en su programa electoral de 2018. “La libre designación debe dejar de ser en Andalucía la forma más común de provisión de puestos de mayor categoría y responsabilidad”, decía. Pero el programa de 2022, tras cuatro años en el poder, dejó de recoger ese compromiso, que ahora está más lejos de alcanzarse que antes de su llegada al poder.
En los últimos años, el Gobierno andaluz ha ensanchado las bases para este tipo de nombramientos, a pesar de las cortapisas que iban poniendo los tribunales. Así, en junio de 2023 blindó por ley la posibilidad de asignar plazas a dedo a funcionarios no solo de su propia plantilla, sino también provenientes de otras administraciones. Lo hizo introduciendo una autoenmienda de última hora a la Ley de Función Pública, y después de que el Tribunal Superior Andaluz censurara esa práctica por carecer (hasta junio de 2023) de habilitación legal, y anulara al menos media docena de nombramientos.
Aunque en teoría la libre designación debe motivarse, en la práctica se recurre a motivaciones genéricas y vacías de contenido. Esto también empieza a ser censurado por los tribunales. En primavera, el TSJA anuló la adjudicación de una plaza porque la motivación se limitaba a reseñar que el elegido era el candidato “más idóneo” y tenía experiencia y formación adecuadas, según informó Diario de Sevilla.
