Desde SAF han indicado que existen “argumentos contundentes” para considerar que este tipo de convocatorias “estarían lesionando los artículos 14 y 23.2 de la Constitución” en relación al derecho de igualdad en el acceso a las funciones públicas.
El sindicato andaluz ha querido recordar que han tenido “una postura clara y nítida” en esta cuestión y que trasladaron a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados un informe jurídico “que advertía de la inconstitucionalidad de lo que en ese momento se pretendía aprobar”.
Desde el SAF han lamentado que ningún partido político haya interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley “pese a existir fundados motivos para ello”.
Por ello, los funcionarios andaluces han solicitado la suspensión cautelar del procedimiento y que se eleve esta cuestión al Tribunal Constitucional para que se pronuncie en este sentido.
