“Todo el mundo no lo ha podido hacer tan mal después de haber aprobado tres exámenes. ¿Por qué por un lado abren mucho la mano [en otros procesos selectivos] y por otra aprietan mucho?”, se pregunta una opositora que ha quedado al filo del aprobado, bajo condición de anonimato. Sus dudas apuntan a los criterios de la comisión de selección.
“El IAAP tiene el deber moral de garantizar que las personas que forman parte de los tribunales cumplen su cometido, que es seleccionar a las personas más preparadas para cumplir las plazas que se ofertan. Dejar la mitad sin cubrir es que el tribunal no ha hecho bien su trabajo”, critica Miguel Ibáñez, portavoz del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
“El problema es que todo es coyuntural”, comenta una opositora que acumula años de experiencia en la Junta de Andalucía: “Todo va en función de las expectativas y lo que se necesita por temas electorales, acuerdos con los sindicatos, con los interinos…”. El portavoz del SAF lamenta que se ofrezcan plazas que no se cubren, y que cunda la sensación de que no son plazas “reales”.
“Estas plazas provienen de jubilaciones y ya están dotadas, no tienen nada que ver con la estabilización de interinos. En las que sigan vacantes el interino seguirá, y se volverán a ofertar en un procedimiento ordinario”, explica una portavoz de la Consejería. La Junta admite que ha recibido 18 reclamaciones, y que ha pedido explicaciones a la comisión de selección por los criterios de corrección, pero niega que haya instrucciones para ser más o menos estrictos a la hora de corregir, en función de lo que convenga. “Nunca ha habido una decisión de no cubrir las plazas que sacamos, sería ilegal y, además, absurdo”.
A la convocatoria del grupo A1 (cuerpo superior de administradores generales) se presentaron 2.542 opositores para 344 plazas. El primer ejercicio lo aprobaron 344 candidatos, pero solo 319 se presentaron al segundo. De ellos, aprobaron 215, con lo que han quedado sin cubrir 129 vacantes. Para las 165 plazas del grupo A2 (gestión administrativa) se presentaron 2.763 opositores. Sólo 148 fueron convocados al segundo examen, diez no se presentaron a la lectura del tema y 55 suspendieron. Al final, solo aprobaron 83, de modo que las vacantes fueron 82, la mitad.
La Junta de Andalucía (y el resto de administraciones públicas) debe reducir la tasa de temporalidad a un máximo del 8% antes de que termine 2024. No cubrir ni siquiera las plazas que se convocan por oposición libre aleja el objetivo.
Marta asegura que como ella hay decenas de casos de candidatos que se han quedado a décimas. “¿Después de pasar un primer corte tan duro, solo unas pocas personas tienen la capacidad de aprobar y obtener la plaza?”, se pregunta.
La exigua diferencia numérica entre decenas de suspensos y la nota de aprobado contrasta, según los opositores, con el margen discrecional y la falta de concreción de los elementos (ítems) en los que se basa la puntuación. Así, las puntuaciones de los exámenes de desarrollo se detallan hasta los cuatro decimales, pero no se habían publicado previamente los criterios para evaluar las “competencias blandas” ni los puntos máximos asignados a cada subepígrafe del ejercicio, que ya no era anónimo. Marta pone un ejemplo: “Del Parlamento puedes hablar de mil cosas, pero si no está en el checklist no se valora. Y el checklist no se publica. ¿Tengo que ser adivina?”.
Pero de 30 puntos posibles en la última prueba, el que más logró 18. “¿Qué ha pasado? ¿Es la comisión? ¿Creen que están en el colegio? ¿Por qué para unas hay manga ancha y para otros, los que estudiamos y nos presentamos libres y sin puntos, porque es una oposición libre total, son más duros que con nadie?”, se pregunta Claudia (nombre ficticio), opositora del grupo A1. “No se trata de aprobar a gente que no se lo merece: ya habíamos aprobado varios exámenes. Así que no es la típica rabieta de unos opositores mosqueados por no haber aprobado. Necesitamos que nos expliquen por qué ha ocurrido esto”.
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